La ley de vivienda catalana, entre la regulación de los precios y el conflicto constitucional.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley de vivienda que ha sido impulsada por los partidos independentistas y los comunes, que pretende regular el precio de los alquileres en zonas de alta demanda y establecer medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Dicha ley tiene como objetivo regular el precio de los alquileres en las zonas declaradas como mercado de vivienda tenso, donde la demanda supera a la oferta y los precios son muy elevados. Según la ley, los propietarios no pueden subir el precio del alquiler por encima del índice de referencia que se calcula en función de la ubicación, el tamaño y las características de la vivienda. También establece sanciones para los infractores que pueden ir desde los 3.000 hasta los 90.000 euros.

Ha contado con el rechazo de la oposición, que la considera inconstitucional, intervencionista e ineficaz. Ya que invade las competencias del Estado en materia civil para regular las bases contractuales de los alquileres. Vulnera la libertad de mercado y el derecho a la propiedad privada, y no respeta el principio de seguridad jurídica ni el de igualdad entre los ciudadanos. Por estos motivos ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. A su vez, el Parlamento de Cataluña ha anunciado que también presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, para defender su autonomía legislativa y la validez de la ley. La ley entrará en vigor en un plazo de tres meses, pero su aplicación dependerá del resultado de los recursos judiciales y de la disponibilidad de datos sobre los precios de los alquileres.