La ley entró en vigor el 26 de mayo de 2023 y ha generado mucha controversia en el sector inmobiliario. La ley contiene muchos artículos que están creando inseguridad jurídica y reduciendo la oferta de viviendas en alquiler. También está afectando a los principales actores del sector inmobiliario, como promotores, constructores, inversores, arrendadores, inmobiliarias, inquilinos y abogados.
Por ejemplo, los promotores y constructores se ven afectados por las reservas de suelo del 40% que impone la ley para la vivienda protegida y del 20% en las actuaciones de reforma interior en suelo urbanizado, junto con la dedicación de un 50% de estas reservas para alquileres protegidos. Estas importantes reservas de suelo para vivienda protegida, sin ninguna contraprestación a cambio para los promotores inmobiliarios, provocarán una disminución importante de la actividad promotora o un alza en los precios para compensar las limitaciones impuestas. Además, la ley también afecta a los procedimientos de desahucio, al complicarse enormemente los requisitos establecidos para iniciar los procedimientos de desahucio en casos de inquilinos vulnerables, con normas procedimentales muy confusas y ambiguas, y en algunos casos de difícil aplicación.
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