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La vivienda protegida en España: ¿una solución para los jóvenes?


La vivienda protegida en España es un tipo de vivienda construida con arreglo a una normativa de diseño y calidad, de acuerdo con el procedimiento administrativo establecido que las declare como protegidas, y para cuya construcción y/o adquisición la administración pública prevé ayudas de diversa índole, estableciendo como límites más importantes el precio de la vivienda y los ingresos de los adquirentes o inquilinos. Existen dos categorías principales de vivienda protegida: las viviendas de protección oficial (VPO) y las viviendas de protección pública (VPP). Las VPO son viviendas cuyos propietarios deben cumplir unos requisitos y tienen ventajas como préstamos subsidiados, ayudas o subvenciones. Dentro de esta categoría están las viviendas de protección oficial pública (VPOPP), cuyo promotor es alguna administración u organismo público, y las viviendas de protección oficial de promoción privada, también llamadas, vivienda de precio tasado (VPT). Las VPP, por otro lado, son aquellas en las que la labor de la administración se limita a facilitar tanto su construcción o su comercialización. En este caso están las viviendas de protección pública básica (VPPB) y las viviendas de protección pública de precio limitado (VPPL).

En cuanto a la rentabilidad de la vivienda protegida en España, el mercado inmobiliario se ha enfrentado a complicaciones para rentabilizar los proyectos debido a los módulos de precios fijados por las administraciones autonómicas que no reflejan la realidad de un sector que ha sufrido durante los últimos meses un recrudecimiento de los costes de construcción y los de financiación. Es extremadamente complicado rentabilizar una promoción de vivienda protegida, tanto para venta como para alquiler. La rentabilidad de este tipo de productos es muy ajustada si se tiene en cuenta el riesgo asumido. Los módulos sin actualizar, la normativa específica de vivienda protegida y una mayor intervención en el proceso por parte de las administraciones, junto con una situación de costes elevados, hacen que sea muy complejo ponerlos en marcha, aunque la demanda sea muy amplia.


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